LA BURBUJA INMOBILIARIA EN ESPAÑA

La reciente burbuja inmobiliaria ocurrida en España y su posterior estallido han provocado una profunda crisis económica que ha sumido a la economía en una situación de recesión muy profunda.

Las principales causas de la burbuja inmobiliaria fueron el aumento de los precios de las viviendas de una forma desmesurada, que en muchos casos no se podían hacer frente con los salarios de la gente. Además, las constructoras comenzaron a edificar en toda clase de suelos sin reparos. En parte, comenzó por el creciente número de personas que buscaban piso.

Esta burbuja inmobiliaria terminó estallando sumiendo a España en una profunda crisis económica y una caída de la demanda de viviendas que se sitúa en torno al 40%. Se produjo la mayor caída de precios de toda la democracia española y un estancamiento considerable que estuvo a punto de recurrir a la ayuda europea de “rescate”. La burbuja supuso un aumento de los precios de la vivienda que superaban en 6 veces a los aumentos de salario, por lo que su estallido ha provocado numerosos desahucios, ocupaciones de viviendas ilegales y falta de pagos por muchos inquilinos.

Las principales consecuencias del estallido han sido la quiebra de numerosos bancos y entidades financieras, provocando su posterior nacionalización e inversión de fondos por parte del Estado, un aumento considerable del paro que se ha situado, en ocasiones, en más del 23% de la población y provocando un paro juvenil del 55%, una crisis inmobiliaria y el surgimiento de una nueva ley hipotecaria. También ha supuesto una gran tasa de abandono escolar.

                                                                                 Esta nueva ley hipotecaria surgida tras el estallido de la burbuja inmobiliaria supone una garantía para los propietarios que no reciben el pago de sus rentas. En un primer momento, se regula la concesión de préstamos hipotecarios y, más adelante, surgen medidas para controlar el pago de rentas. Con esta nueva ley se establecen viviendas a precios más bajos que se conceden a las personas con menores rentas que han sido desalojadas de sus viviendas.